Sheinbaum: prioridad, el huachicol fiscal

El combate al huachicol fiscal se perfila como una de las prioridades del próximo sexenio, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera un llamado enérgico para que el sucesor de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República (FGR) acelere las investigaciones. A diferencia del robo de combustible tradicional, que implica la ordeña de ductos, esta modalidad es más sofisticada y dañina para las arcas públicas. Consiste en importar hidrocarburos subvaluados o declarados como otros productos para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el IVA, generando pérdidas millonarias para el SAT.

Este esquema de defraudación no solo afecta la recaudación, sino que distorsiona gravemente el mercado energético. Las redes criminales, que presuntamente involucran a empresarios y funcionarios de aduanas, crean una competencia desleal contra las gasolineras que operan legalmente. El dinero desviado a través del huachicol fiscal podría destinarse a programas sociales, infraestructura y servicios de salud, por lo que su combate es una pieza clave para el saneamiento de las finanzas públicas. La insistencia de Sheinbaum pone de relieve la magnitud de un problema que ha crecido silenciosamente, operando en las sombras de la legalidad aduanera y fiscal.

La exigencia de la presidenta electa apunta a desmantelar una estructura compleja que ha sido resistente a esfuerzos previos. Las investigaciones sugieren una red de complicidades a gran escala, lo que convierte cualquier avance en un desafío político y judicial de primer orden. Para el ciudadano común, el éxito en esta empresa significaría un golpe a la corrupción de cuello blanco y la posibilidad de que el Estado recupere recursos vitales. El mensaje es claro: la nueva administración buscará cerrar las fugas financieras que debilitan la economía mexicana, comenzando por uno de los fraudes más lucrativos y complejos de los últimos años.