Sheinbaum: Nueva FGR contra huachicol y factureras

La FGR está en la antesala de una profunda transformación tras la salida de Alejandro Gertz. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha delineado un nuevo rumbo para la institución, poniendo el acento en la necesidad de mayor transparencia y una colaboración estrecha con la nueva etapa del Poder Judicial. Este giro estratégico busca dejar atrás las polémicas del pasado para concentrar los esfuerzos en delitos que impactan directamente las finanzas públicas y la economía de los mexicanos. La instrucción es clara: la Fiscalía debe modernizarse para enfrentar los desafíos que hoy merman los recursos de la nación, enfocando sus capacidades en áreas de alto impacto que tocan las fibras más sensibles de la estabilidad financiera.

Los dos objetivos prioritarios en esta nueva fase serán el combate al huachicol y el desmantelamiento de las redes de empresas factureras. Estos ilícitos no son ofensas menores, pues representan pérdidas multimillonarias para el erario. El robo de combustible, por ejemplo, no solo debilita financieramente a Petróleos Mexicanos (Pemex), sino que también alimenta una economía sumergida que genera violencia y distorsiona el mercado energético. Atacar este problema de raíz, con inteligencia financiera y una persecución penal más efectiva, es fundamental para fortalecer a la paraestatal y garantizar la seguridad en el suministro de combustibles en todo el territorio.

A su vez, la persecución de las factureras es un golpe directo a la evasión fiscal, una práctica que priva al Estado de ingresos vitales para financiar servicios públicos como salud, educación e infraestructura. Estas complejas redes, que operan a través de empresas fantasma, permiten a grandes contribuyentes reducir ilegalmente sus obligaciones fiscales, creando una competencia desleal para los ciudadanos y pymes que sí cumplen. La nueva visión para la FGR contempla una coordinación más ágil con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para desarticular estas estructuras criminales y asegurar una recaudación más justa que se traduzca en beneficios para toda la población.

Este nuevo enfoque para la FGR representa más que un simple cambio de mando; es un giro estratégico para fortalecer la salud fiscal de México desde sus cimientos. Para el ciudadano común, un combate más eficaz al huachicol podría traducirse en mayor estabilidad para Pemex y, potencialmente, en los precios de los combustibles. Al mismo tiempo, frenar a las empresas factureras significa que el gobierno dispondrá de más recursos para la inversión pública, lo que impacta directamente en la calidad de las carreteras, hospitales y escuelas. Esta transformación busca que la justicia proteja activamente el bienestar económico de la nación.