SAT niega espionaje digital a contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió categóricamente las acusaciones sobre un supuesto plan de “espionaje digital” contra los contribuyentes. La controversia surgió por una propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación que generó inquietud sobre un posible acceso a la información personal. Sin embargo, la autoridad fiscal aclaró que el objetivo es específico y limitado: se enfoca exclusivamente en obtener datos de plataformas tecnológicas para verificar el correcto cumplimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta medida no busca vigilar las actividades privadas de los usuarios, sino asegurar que las empresas que operan aplicaciones y servicios digitales paguen los impuestos por sus ventas en México, cerrando brechas de evasión que afectan la recaudación.

La reforma permitiría al SAT requerir directamente a las empresas dueñas de tiendas de aplicaciones, servicios de transporte o streaming, datos concretos sobre el número de servicios vendidos y los ingresos generados en el país. Esto no implica acceder a conversaciones o archivos personales. Se trata de una auditoría enfocada en las corporaciones, similar a las que se realizan en el mundo físico. Por ejemplo, la autoridad podría solicitar a una plataforma el número de suscripciones activas en México para contrastarlo con el IVA enterado. El propósito es fiscalizar a los intermediarios tecnológicos, no a sus clientes finales, garantizando que el impuesto pagado por los consumidores al contratar un servicio llegue a las arcas públicas.

Esta iniciativa se alinea con el esfuerzo global para adaptar los sistemas tributarios a la economía digital. Desde 2020, México implementó reglas para que plataformas extranjeras retengan y paguen IVA por servicios ofrecidos a clientes nacionales. La propuesta fortalece las herramientas de fiscalización del SAT para comprobar que estas obligaciones se cumplan. Para los contribuyentes, esta aclaración es crucial, pues confirma que el foco de la autoridad está en la responsabilidad fiscal de las grandes empresas tecnológicas, no en una vigilancia masiva. El impacto real para el ciudadano es la certeza de que el sistema tributario se moderniza para asegurar una recaudación equitativa en la creciente economía digital.