Revés a Salinas Pliego por adeudos fiscales

Un nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un significativo revés para el empresario Ricardo Salinas Pliego, al ordenar que una de las subsidiarias de su conglomerado pague 67 millones de pesos por adeudos fiscales. La decisión, tomada por la Segunda Sala, se centra en un litigio que cuestionaba la capacidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para auditar de manera individual a compañías que operan bajo un régimen de consolidación fiscal. Este esquema, vigente hasta 2013, permitía a los grandes grupos empresariales diferir el pago de impuestos, pero su interpretación ha sido una fuente constante de disputas legales. La resolución no solo implica un desembolso millonario para el grupo, sino que también establece un precedente crucial en la forma en que la autoridad hacendaria puede supervisar las obligaciones de los corporativos más grandes del país, fortaleciendo sus herramientas de fiscalización.

El fondo del asunto radicaba en un amparo promovido por la empresa, la cual argumentaba que el SAT no tenía facultades para revisar directamente sus finanzas, sino que debía hacerlo a través de la empresa controladora del grupo al que pertenecía. Durante años, el régimen de consolidación fiscal fue una figura aprovechada por corporativos para optimizar su carga tributaria, presentando una declaración conjunta que compensaba ganancias de unas empresas con pérdidas de otras. Sin embargo, tras la reforma fiscal que eliminó este beneficio, han surgido numerosos conflictos sobre la revisión de ejercicios fiscales anteriores. La defensa de la compañía buscaba invalidar la auditoría del SAT bajo este argumento técnico, una estrategia legal que ha sido recurrente en casos similares que involucran a grandes contribuyentes en México, buscando limitar el alcance del escrutinio de la autoridad fiscal sobre sus operaciones pasadas.

Al respaldar el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, los ministros determinaron que la autoridad fiscal sí posee la competencia para fiscalizar de forma directa a cualquier entidad integrante de un grupo, sin importar el régimen bajo el cual tributaba. Este veredicto desestima la estrategia de la subsidiaria de Salinas Pliego y confirma la validez de los créditos fiscales impuestos por el SAT. Para el panorama fiscal mexicano, esta decisión es de suma importancia. Refuerza la postura del gobierno en su lucha contra la evasión y elusión fiscal a gran escala, enviando un mensaje claro de que las estructuras corporativas complejas no servirán como un escudo para evitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El fallo podría acelerar la resolución de otros casos similares, impactando directamente en la recaudación y sentando las bases para una relación más estricta y transparente entre el fisco y los principales grupos empresariales de México.