Reforma a Ley de Aguas frena a la minería

La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha encendido las alarmas en el sector minero de México, que advierte sobre un riesgo inminente para la viabilidad de sus operaciones en todo el país. Representantes de la industria señalan que las modificaciones legislativas, tal y como están planteadas, podrían paralizar la extracción de minerales considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico y la manufactura, afectando cadenas de suministro clave para la economía global. La principal preocupación radica en la posible restricción o cancelación de concesiones de agua, un insumo indispensable para los procesos mineros, lo cual generaría una profunda incertidumbre jurídica para las inversiones existentes y futuras. Este escenario no solo amenaza la producción, sino que pone en jaque la competitividad de México en un mercado internacional que demanda cada vez más metales como el cobre y el litio.

El impacto de esta reforma trascendería los límites de las propias minas, con consecuencias directas para el tejido social y económico del país. Según estimaciones del sector, la continuidad operativa de la minería sostiene a más de tres millones de familias mexicanas, tanto a través de empleos directos como de una vasta red de proveedores y servicios asociados. En muchas regiones, especialmente en estados del norte y centro de la república, la actividad minera es el principal motor económico, y su interrupción podría desencadenar una crisis laboral y social de gran magnitud. La discusión legislativa, por lo tanto, se convierte en un delicado balance entre la necesaria protección de los recursos hídricos y la preservación de una industria que aporta significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) y a la balanza comercial del país.

Desde la perspectiva empresarial, la reforma a la Ley de Aguas introduce un nivel de riesgo que podría desalentar por completo la inversión. Los proyectos mineros requieren de capital intensivo y planificaciones a muy largo plazo, por lo que la certeza jurídica sobre el acceso a recursos como el agua es un pilar fundamental. La industria argumenta que la legislación debería buscar un punto medio que promueva el uso eficiente y responsable del agua sin comprometer la operatividad de un sector que ya cumple con normativas ambientales estrictas. La falta de diálogo y la imposición de medidas restrictivas, advierten, podrían llevar a la pérdida de miles de empleos y a una disminución considerable en la recaudación fiscal, afectando las finanzas públicas y el desarrollo de infraestructura en las comunidades donde operan. El futuro de la minería en México depende ahora de la capacidad del Congreso para legislar con una visión integral.

Esta reforma a la Ley de Aguas no es un tema exclusivo de la industria; su desenlace podría influir en el costo de productos tecnológicos, la estabilidad laboral en varias regiones del país y la confianza de los inversionistas en México. La decisión final del Congreso definirá el equilibrio entre la gestión de un recurso vital como el agua y el futuro de un motor económico fundamental para la nación.