Preparan Ley contra la extorsión en México

La Cámara de Diputados impulsa una nueva Ley contra la extorsión, un delito que ha evolucionado hasta convertirse en un freno directo para la economía y la seguridad en México. La iniciativa surge al reconocer que las tácticas del crimen organizado, desde el "cobro de piso" hasta estafas digitales, han rebasado la capacidad de la legislación actual. Hoy, cada estado tipifica la extorsión de manera distinta, creando un mosaico de leyes que los delincuentes aprovechan para operar con impunidad. Esta fragmentación impide una respuesta coordinada, dejando a ciudadanos y empresarios en una posición vulnerable frente a grupos que perfeccionan sus métodos de intimidación para extraer rentas ilícitas.

El impacto económico es devastador. Para miles de pequeños y medianos empresarios, la extorsión es un impuesto informal que asfixia sus operaciones, reduce ganancias y, en muchos casos, los obliga a cerrar. Afecta a toda la cadena productiva: agricultores, transportistas y comerciantes en todo el país. Este fenómeno no solo frena la inversión y la creación de empleos, sino que también genera una profunda desconfianza en las instituciones, alimentando un clima de incertidumbre tóxico para el crecimiento. La falta de un marco legal unificado ha permitido que esta sangría financiera se normalice en demasiadas regiones, afectando la competitividad del mercado nacional.

El proyecto de ley busca homologar y sistematizar el delito a nivel nacional. Esto significa que la extorsión será definida y castigada de la misma manera en todo el territorio, eliminando vacíos legales. La propuesta contempla todas sus modalidades, incluyendo amenazas telefónicas y fraudes por internet. Al crear un piso parejo, se facilitará la colaboración entre fiscalías estatales y federales, permitiendo investigaciones más robustas y sentencias más firmes. Se reconoce la gravedad del problema al admitir que incluso funcionarios públicos han sido amenazados, lo que subraya la urgencia de esta acción legislativa para intentar recuperar la estabilidad económica. Esta legislación es crucial en el México de hoy, donde la extorsión ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en un sistema que socava la confianza y el desarrollo. Su aprobación y correcta implementación podrían representar un punto de inflexión, enviando una señal clara de que el Estado busca retomar el control y proteger el motor económico del país: sus ciudadanos y empresas.