Paro de la CNTE golpea economía del sur

El paro de la CNTE ha estallado una vez más, paralizando actividades en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, tres de los estados con mayor rezago económico del país. Más allá de las aulas vacías, las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se han traducido en un freno directo para la economía local. El cierre de vialidades estratégicas, el bloqueo a centros comerciales y la toma de instalaciones productivas no son solo un mensaje político; representan una interrupción inmediata de las cadenas de suministro y una amenaza directa para miles de pequeños y medianos empresarios que dependen del flujo diario de mercancías y clientes para subsistir. Esta situación pone en evidencia la vulnerabilidad de las economías regionales frente a conflictos sociales recurrentes.

El impacto económico se resiente con mayor fuerza en sectores vitales como el turismo y el comercio. Oaxaca y Chiapas, destinos que dependen en gran medida de la afluencia de visitantes nacionales e internacionales, ven cómo los bloqueos generan cancelaciones y proyectan una imagen de inestabilidad que ahuyenta la inversión. Para el comerciante local, cada día de paro significa ventas perdidas que difícilmente se recuperan. Las centrales de abasto y los mercados resienten la falta de productos, mientras que el sector de servicios, desde restaurantes hasta transportistas, ve mermada su operatividad. Las pérdidas no son solo cifras abstractas para las grandes cámaras empresariales; son el ingreso que deja de percibir una familia que vive del comercio o del turismo, afectando la microeconomía de manera profunda y directa.

La recurrencia de este paro de la CNTE genera un clima de incertidumbre que trasciende las fronteras estatales. A nivel nacional, la interrupción del tránsito en rutas clave afecta la logística de empresas que distribuyen sus productos por todo el territorio, pudiendo generar demoras y sobrecostos que, eventualmente, podrían reflejarse en el bolsillo del consumidor final. Este ciclo de protestas y parálisis económica plantea un desafío complejo para la gobernabilidad y el desarrollo, donde el derecho a la manifestación choca frontalmente con la necesidad de garantizar un ambiente propicio para el crecimiento económico y la generación de empleos en las zonas que más lo necesitan. Las movilizaciones de la Coordinadora representan un termómetro de la tensión social y política del país. Más allá del pliego petitorio magisterial, su impacto directo en la actividad económica subraya la fragilidad de regiones clave para el desarrollo nacional. Para el ciudadano, estas protestas se traducen en posibles afectaciones a las cadenas de suministro y en un recordatorio de que la estabilidad económica y el progreso social son dos caras de la misma moneda, cuyo equilibrio sigue siendo uno de los grandes desafíos para México.