OCDE: reforma judicial frena inversión en México

La reforma judicial en México ha encendido una señal de alerta para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que advierte sobre el posible impacto negativo en la inversión. El organismo internacional subraya que la profundidad de los cambios propuestos genera un clima de incertidumbre, afectando la confianza de quienes buscan colocar su capital en el país. Esta falta de claridad sobre las futuras reglas del juego legal no es un asunto menor; se convierte en un freno tangible para el crecimiento económico, ya que las decisiones de inversión, por naturaleza, requieren un horizonte predecible y seguro. La estabilidad del sistema de justicia es vista por los mercados como un pilar fundamental para garantizar que los contratos se respeten y los conflictos se resuelvan de manera imparcial, un factor clave para atraer y retener capital.

Este escenario de duda no solo impacta a los grandes capitales extranjeros, sino que golpea con especial fuerza al motor de la economía nacional: los inversionistas mexicanos y las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Mientras que las corporaciones multinacionales pueden tener mecanismos para mitigar riesgos, las Pymes operan con márgenes más ajustados y dependen directamente de un entorno jurídico estable para planificar su expansión, contratar personal o solicitar financiamiento. La OCDE pone el foco en este sector porque su vulnerabilidad podría traducirse en una desaceleración en la creación de empleos y en una menor dinámica económica a nivel local, afectando directamente a miles de familias mexicanas que dependen de estos negocios.

La advertencia llega en un momento crucial para México, que busca capitalizar las oportunidades del nearshoring y consolidarse como un destino atractivo para las cadenas de suministro globales. Sin embargo, la confianza de los inversionistas no se basa únicamente en la geografía o los costos laborales, sino en la solidez de sus instituciones. Un poder judicial percibido como impredecible podría opacar las ventajas competitivas del país. La postura de la OCDE funciona como un termómetro externo que mide la percepción internacional, indicando que la certeza jurídica es tan importante como la estabilidad macroeconómica para asegurar un desarrollo sostenido y equitativo. La discusión sobre esta reforma trasciende el ámbito político para convertirse en un factor determinante del futuro económico de México. La confianza en el sistema judicial es la base sobre la que se construyen las inversiones que generan empleos y bienestar, por lo que su estabilidad impacta directamente en la seguridad financiera y las oportunidades de cada ciudadano.