Nuevos impuestos a tabaco y refrescos en México

Una propuesta para aumentar los impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas ha sido presentada al equipo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. La iniciativa, impulsada por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, busca implementar una reforma fiscal con un enfoque claro en la salud pública, sugiriendo ajustes significativos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava a estos productos. El objetivo principal es doble: desincentivar el consumo de artículos considerados nocivos y, al mismo tiempo, generar mayores ingresos para el Estado, que podrían destinarse a fortalecer el sistema de salud mexicano, actualmente bajo una fuerte presión financiera.

La propuesta detalla aumentos específicos: un 10% adicional para los productos de tabaco, una cuota monetaria fija por cada litro de alcohol puro contenido en las bebidas, y un incremento del 20% para refrescos y alimentos ultraprocesados con alto contenido calórico. De ser aprobada, esta medida se traduciría directamente en un aumento en el precio final que los consumidores pagan en tiendas y supermercados. Esta estrategia fiscal no es nueva en México; el IEPS ha sido utilizado durante años como una herramienta para moderar hábitos de consumo y como una fuente de recaudación clave para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, la magnitud de los incrementos sugeridos representa un cambio significativo.

Los defensores de la medida argumentan que el costo social del consumo de estos productos es mucho mayor que los ingresos que actualmente generan. Enfermedades como la diabetes, padecimientos cardiovasculares y distintos tipos de cáncer, directamente relacionadas con su consumo, representan una carga millonaria para el presupuesto de salud. Por ello, consideran que un aumento en los impuestos es una medida de justicia fiscal, donde los ingresos generados por la venta de estos productos contribuyen a mitigar los daños que provocan. El debate se centra ahora en si la nueva administración considerará esta reforma como una vía viable para cumplir sus promesas de mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud sin afectar de manera desproporcionada a los hogares con menores ingresos, quienes destinan una parte importante de su gasto a estos artículos.

Esta propuesta llega en un momento crucial, mientras la nueva administración diseña el paquete económico para 2025. Para el ciudadano, la decisión final no será una simple cifra en los reportes de Hacienda; podría significar un cambio tangible en el costo de la canasta básica y en el precio de productos de consumo diario. Más allá del impacto en el bolsillo, la discusión abre un debate fundamental sobre qué tipo de política fiscal necesita México: una que priorice la recaudación para la salud pública o una que evite encarecer productos populares, marcando el rumbo económico y social del próximo sexenio.