Minería y campo alertan por Ley de Aguas

La nueva reforma a la Ley de Aguas en México ha encendido las alarmas en dos de los motores económicos más importantes del país: la minería y la agricultura. Representantes de ambos sectores han manifestado una profunda preocupación, argumentando que los cambios propuestos no solo generan incertidumbre jurídica, sino que también representan una amenaza directa para la continuidad de sus operaciones. Esta alianza inesperada entre el campo y la mina subraya la magnitud del impacto que podría tener la legislación, afectando cadenas productivas que son vitales para el sustento de millones de familias mexicanas y para la estabilidad de la economía nacional. La principal inquietud radica en la posible modificación de los esquemas de concesiones y el uso de agua para fines industriales y agrícolas, un recurso indispensable para su funcionamiento diario.

El debate va más allá de la simple gestión de un recurso natural; toca las fibras de la certeza para la inversión a largo plazo. La industria minera, a través de organismos como la Cámara Minera de México (Camimex), ha señalado que sus proyectos requieren de marcos regulatorios estables y predecibles para poder operar y expandirse. Cualquier modificación abrupta en la Ley de Aguas podría detener inversiones millonarias destinadas a la modernización y la sostenibilidad, frenando la creación de empleos bien remunerados en regiones donde, a menudo, la minería es la principal fuente de trabajo. De manera similar, el sector agropecuario, pilar de la seguridad alimentaria del país, depende de un acceso garantizado al agua para mantener la productividad y competitividad, especialmente frente a los desafíos que impone el cambio climático y la creciente demanda de alimentos.

El efecto dominó de esta situación podría sentirse en el bolsillo de los mexicanos. Una contracción en la actividad minera o agrícola no solo se traduce en la pérdida de empleos directos, sino que también impacta a una vasta red de proveedores, transportistas y comercios locales que dependen de ellas. Además, la incertidumbre regulatoria podría encarecer los costos de producción, lo que eventualmente podría reflejarse en los precios de los productos básicos para el consumidor final. Por ello, el llamado de estos sectores es a un diálogo abierto y técnico con las autoridades legislativas, buscando un equilibrio que garantice tanto la gestión sostenible del agua como la viabilidad económica de industrias que son estratégicas para el desarrollo de México. La discusión en torno a esta ley no es un asunto técnico aislado; define el rumbo de la política industrial y la confianza para invertir en el país. Para el ciudadano, el desenlace de este debate legislativo podría tener consecuencias directas en la estabilidad laboral de miles de personas y en el costo de productos esenciales, marcando un precedente clave en la relación entre el desarrollo económico y la gestión de recursos naturales.