México debate impuestos saludables para 2026
Conoce la estrategia de impuestos saludables para fortalecer las finanzas y la salud pública en el país.
Los impuestos saludables se perfilan como una pieza clave en la discusión del Paquete Económico 2026 que el Ejecutivo presentará al Congreso de la Unión. Esta estrategia, más que una simple medida recaudatoria, representa una oportunidad para alinear las políticas fiscales con los objetivos de salud pública en México. La propuesta consiste en aplicar o ajustar gravámenes a productos cuyo consumo excesivo genera altos costos para el sistema sanitario, como las bebidas azucaradas, el alcohol y el tabaco, buscando un doble beneficio para el país.
El debate no es nuevo, pero cobra especial relevancia ante los crecientes desafíos financieros del sector salud. México ya cuenta con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para algunos de estos productos, y la evidencia internacional sugiere que una tributación más robusta puede desincentivar su compra de manera efectiva. Reducir el consumo de estos artículos no solo previene enfermedades crónicas como la diabetes o la obesidad, sino que también alivia la carga financiera que estas imponen a instituciones públicas.
La recaudación obtenida a través de estos impuestos saludables podría destinarse a un fondo específico para fortalecer la infraestructura hospitalaria, garantizar el abasto de medicamentos y financiar programas de prevención. Este enfoque de "etiquetado" de recursos asegura que el dinero recaudado se invierta directamente en mejorar la calidad de vida de la población, convirtiendo el impuesto en una inversión tangible en el bienestar colectivo. De esta forma, se crea un círculo virtuoso: se desincentiva lo dañino mientras se financia lo necesario para la salud.
Implementar esta medida requiere un análisis cuidadoso para evitar impactos desproporcionados en los hogares de menores ingresos. Sin embargo, para el ciudadano, esta no es una conversación lejana sobre finanzas. La decisión que se tome en el Congreso podría determinar la calidad y disponibilidad de los servicios de salud en los próximos años, al tiempo que moldea los hábitos de consumo y previene enfermedades que afectan a millones de familias, convirtiéndose en un diálogo fundamental sobre el futuro de México.