Los golpes de Harfuch al crimen organizado

La estrategia contra el crimen organizado en la Ciudad de México bajo la gestión de Omar García Harfuch trascendió las detenciones para golpear directamente sus finanzas, una táctica que generó efectos profundos en la economía ilícita. Su primer año como secretario de Seguridad Ciudadana se caracterizó por desmantelar no solo células operativas, sino también las complejas redes de lavado de dinero y evasión fiscal que las sostenían, afectando el núcleo de su poder. Estos operativos no solo buscaron la pacificación de las calles, sino también la protección de las arcas públicas y la estabilidad económica.

Uno de los golpes más significativos fue el combate al llamado ‘huachicol fiscal’, una modalidad delictiva que va más allá del robo de combustible. Este esquema consiste en la creación de empresas fantasma para simular operaciones comerciales y evadir impuestos a gran escala, generando pérdidas millonarias para el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al atacar esta estructura, la administración de García Harfuch no solo frenó una fuente de ingresos ilícitos, sino que también defendió la recaudación fiscal, fondos esenciales para la inversión en infraestructura y programas sociales que benefician directamente al ciudadano común.

Paralelamente, el colapso de grupos delictivos como ‘La Barredora’, resultado de la ‘Operación Enjambre’, representó otro pilar de su estrategia. Estas organizaciones no solo controlaban el narcotráfico en zonas específicas, sino que también imponían un régimen de terror a través de la extorsión a pequeños y medianos negocios, ahogando la economía local y desalentando la inversión. Desarticularlos implicó devolver la confianza a los comerciantes y restaurar un entorno más seguro para la actividad económica, demostrando que la seguridad pública es una condición indispensable para el desarrollo financiero. La desarticulación de estas redes fue clave para mermar al crimen organizado en su capacidad de generar miedo y controlar territorios mediante la violencia económica.

Entender la dimensión de estos operativos es crucial, ya que demuestran que el combate a la delincuencia moderna es una batalla tanto económica como policial. La estabilidad de las finanzas públicas y la confianza para invertir en el país dependen directamente de la capacidad del Estado para neutralizar las estructuras financieras que alimentan la violencia. Para el ciudadano, esto se traduce en un entorno más seguro y en la garantía de que los recursos fiscales no se desvían hacia redes ilícitas, sino que se destinan al bienestar común.