Leyes para impulsar energías limpias

La inversión en energías limpias en México se enfrenta a un desafío que trasciende lo económico: la necesidad de un marco legal que ofrezca certidumbre a largo plazo. Los grandes proyectos de infraestructura renovable, como parques solares o eólicos, no se materializan de un día para otro; demandan capital intensivo y periodos de recuperación que exceden por mucho un ciclo de gobierno. Por esta razón, la estabilidad institucional se erige como el pilar fundamental para atraer a los inversionistas dispuestos a apostar por el futuro sostenible del país. Sin reglas del juego claras, predecibles y, sobre todo, duraderas, el capital, que por naturaleza es adverso al riesgo, simplemente buscará otros mercados donde las condiciones ofrezcan mayor seguridad, frenando así el inmenso potencial de crecimiento nacional en un sector estratégico.

Para México, el debate cobra una relevancia especial. El país posee una ventaja geográfica innegable para el desarrollo de fuentes renovables, un recurso que podría convertirse en el motor de la economía y en un imán para las industrias que relocalizan sus operaciones a través del nearshoring, las cuales exigen cada vez más un suministro de energía limpia y a precios competitivos. Sin embargo, la percepción de cambios constantes en las políticas energéticas o en la interpretación de las normativas por parte de instituciones clave genera una atmósfera de incertidumbre. Una regulación que funcione como una brújula precisa, en lugar de ser un ancla, es aquella que define un rumbo claro y permite que todos los actores, tanto públicos como privados, avancen con confianza hacia metas comunes.

Las leyes deben ser diseñadas como una guía que impulse la innovación y la competencia en el sector, no como un laberinto burocrático que termine por desalentar la participación. Cuando las reglas cambian abruptamente con cada transición política, se erosiona la confianza, el activo más valioso en el mundo de las finanzas y los negocios. La soberanía energética no se construye con barreras, sino con la capacidad de desarrollar un sistema eléctrico nacional que sea robusto, diversificado y resiliente. Esto solo es posible mediante una colaboración efectiva entre el gobierno y la iniciativa privada, cimentada en un marco de legalidad que respete los contratos y garantice un terreno de juego parejo para todos los participantes.