Ley de Ingresos y el endeudamiento para 2026

La Cámara de Diputados ha dado luz verde a la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, un documento clave que define cómo el gobierno obtendrá sus recursos para el próximo año. La aprobación, lograda con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, establece un marco financiero que proyecta un endeudamiento neto de 1.78 billones de pesos. Esta cifra, una de las más altas en la historia reciente del país, representa la cantidad de dinero que el Estado planea solicitar a través de deuda para poder cubrir la totalidad de su presupuesto de egresos, financiando así sus proyectos de infraestructura, programas sociales y el propio funcionamiento de la administración pública federal.

Este nivel de financiamiento plantea un escenario de análisis profundo para las finanzas públicas de México. Por un lado, permite al gobierno mantener la operación de servicios esenciales y continuar con las obras prioritarias sin necesidad de implementar nuevos impuestos o aumentar los existentes de manera drástica. Sin embargo, por otro lado, incrementa el saldo total de la deuda pública, una variable que es monitoreada de cerca por agencias calificadoras e inversionistas internacionales. La gestión de este pasivo será fundamental, ya que un aumento desmedido podría presionar la calificación crediticia del país y, en consecuencia, encarecer el costo del financiamiento futuro tanto para el propio gobierno como para las empresas mexicanas en los mercados globales.

La estrategia de recaudación para hacer frente a estos compromisos se apoya principalmente en la eficiencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cobrar impuestos y en los ingresos petroleros que se obtienen a través de Petróleos Mexicanos (Pemex). No obstante, la volatilidad en los precios del crudo y los desafíos económicos globales añaden una capa de incertidumbre. Un servicio de la deuda más costoso, derivado de tasas de interés elevadas a nivel mundial, podría absorber una porción cada vez mayor del presupuesto, limitando los recursos disponibles para áreas críticas como la salud, la educación o la seguridad pública, afectando indirectamente la calidad de vida de los ciudadanos en el mediano y largo plazo.

La aprobación de esta Ley de Ingresos no es solo una cifra en el presupuesto; define la ruta económica de México para el futuro inmediato. El equilibrio entre financiar las prioridades del gobierno y mantener una deuda sostenible es un desafío mayúsculo. Para el ciudadano, esta decisión tendrá un eco directo en la estabilidad económica del país, influyendo en las tasas de interés de créditos hipotecarios y personales, así como en la capacidad del Estado para invertir en servicios públicos, convirtiéndose en un tema crucial a seguir durante los próximos meses.