La trampa de la informalidad: 33 millones

La informalidad laboral en México ha alcanzado una cifra alarmante: 33 millones de personas trabajan al margen de la ley, sin acceso a derechos básicos como la seguridad social. Esto significa que más de la mitad de la fuerza laboral del país no cuenta con cobertura del IMSS para atención médica, no acumula ahorros para el retiro en una Afore, ni tiene la posibilidad de acceder a un crédito de vivienda a través del Infonavit. Lejos de ser un problema que se reduce, este fenómeno representa una trampa estructural que se expande, consolidando un modelo de precariedad que define la realidad económica de millones de familias. La magnitud del número no solo refleja una estadística, sino una profunda vulnerabilidad que compromete el presente y el futuro de una generación entera de trabajadores, quienes carecen de una red de protección ante enfermedades, despidos o la vejez, dependiendo exclusivamente de sus ingresos diarios para subsistir.

Este panorama no solo afecta a nivel individual, sino que actúa como un verdadero lastre para la economía nacional en su conjunto. La alta tasa de informalidad laboral limita severamente la recaudación de impuestos, mermando la capacidad del Estado, a través de instituciones como el SAT, para invertir en infraestructura, educación y servicios públicos de calidad. Además, perpetúa un ciclo de baja productividad, ya que las empresas informales suelen tener menos acceso a financiamiento, tecnología y capacitación, lo que les impide crecer y competir en igualdad de condiciones. Este círculo vicioso se traduce en un crecimiento económico más lento y desigual, donde la innovación y el desarrollo se ven sofocados por un mercado laboral fragmentado y poco dinámico, impidiendo que el país alcance su máximo potencial productivo y de bienestar social.

El impacto de esta realidad se extiende más allá de lo económico, creando una profunda brecha social. Para los 33 millones de trabajadores en la informalidad, la incertidumbre es una constante. Una emergencia médica puede convertirse en una catástrofe financiera, mientras que la jubilación se vislumbra como un periodo de carencias en lugar de un merecido descanso. Esta falta de estabilidad impide la planificación a largo plazo, como la compra de una casa o la inversión en la educación de los hijos, perpetuando la desigualdad de oportunidades entre quienes gozan de un empleo formal y quienes no. La discusión sobre la informalidad laboral es, en esencia, un debate sobre el tipo de sociedad que se busca construir: una que ofrece redes de seguridad y oportunidades de progreso para todos, o una que normaliza la precariedad como única opción para una vasta porción de su población.

Comprender la dimensión de la informalidad es crucial porque sus efectos nos alcanzan a todos. Una base de contribuyentes reducida se traduce en servicios públicos deficientes que impactan a toda la ciudadanía, mientras que un mercado de consumo debilitado por la precariedad salarial limita el crecimiento de las empresas formales. Atender este desafío no es solo un acto de justicia social para 33 millones de personas, sino una necesidad estratégica para garantizar la estabilidad y el desarrollo sostenible de México en la próxima década.