La confianza económica se frena en México

La confianza económica en México enfrenta un panorama de incertidumbre al cumplirse el primer año de la nueva administración federal. Después de un notable rebote post-pandemia, que posicionó al país como un receptor clave de inversión extranjera directa gracias al nearshoring, surgen señales de alerta que sugieren una posible desaceleración. Este fenómeno no responde a un solo factor, sino a una compleja mezcla de resultados donde los avances en ciertos indicadores, como la estabilidad del peso y el control relativo de la inflación, contrastan con retrocesos en áreas críticas como la inversión pública en infraestructura y la generación de empleos formales bien remunerados. La percepción de riesgo entre los inversionistas y los consumidores parece estar cambiando, lo que podría comprometer el dinamismo que tanto costó recuperar.

El motor de esta inquietud reside en la falta de una estrategia gubernamental clara y sostenida que inspire certidumbre a largo plazo. Decisiones políticas que han generado controversia y cambios regulatorios inesperados en sectores estratégicos como el energético han mermado la predictibilidad, un ingrediente esencial para cualquier plan de inversión. Instituciones como el Banco de México (Banxico) han señalado la importancia de mantener un marco macroeconómico sólido y políticas públicas coherentes para anclar las expectativas. Sin esta base, la oportunidad histórica que representa el nearshoring podría desvanecerse, limitando el potencial de crecimiento y la creación de prosperidad compartida para los mexicanos. El desafío es mayúsculo, pues se trata de alinear el discurso político con acciones concretas que refuercen la credibilidad del país.

Para el ciudadano común, la erosión de la confianza económica se traduce en consecuencias tangibles. Un ambiente de menor inversión frena la creación de nuevas oportunidades de trabajo y presiona los salarios a la baja. Asimismo, la volatilidad puede afectar el costo del crédito y la capacidad de las empresas, especialmente las pymes, para expandirse y contratar personal. Recuperar el impulso exige más que cifras positivas aisladas; requiere la construcción de un consenso entre el sector público y el privado, donde las reglas del juego sean claras y estables. Fortalecer el estado de derecho y garantizar la autonomía de los órganos reguladores son pasos indispensables para reconstruir una base sólida desde la cual México pueda proyectar un futuro de crecimiento sostenido y resiliente, convirtiendo las oportunidades en realidades palpables para todas las familias. Entender este balance de fuerzas es crucial. La pérdida de impulso económico no es solo una estadística en los informes financieros; determina la capacidad de México para generar empleos de calidad y mejorar el nivel de vida. Para el lector, la dirección que tome el país en los próximos meses podría impactar directamente en su seguridad laboral, su poder adquisitivo y las oportunidades disponibles para su familia, haciendo de la confianza un activo tan valioso como cualquier indicador macroeconómico.