Inversión inmobiliaria de 15 mil mdd en 2025

La meta de alcanzar una inversión inmobiliaria de 15 mil millones de dólares para 2025 en México pende de un hilo: la existencia de marcos regulatorios claros y estables. Esta es la advertencia lanzada por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), organismo que agrupa a los jugadores más importantes del sector en el país. Según sus análisis, la certidumbre jurídica no es un simple requisito burocrático, sino el cimiento fundamental sobre el cual se construyen los grandes proyectos que impulsan la economía nacional. Sin reglas predecibles y procesos transparentes, el capital, tanto nacional como extranjero, busca destinos más seguros, poniendo en riesgo miles de empleos y el desarrollo de infraestructura clave para el bienestar de la población.

Este llamado a la acción cobra especial relevancia en un contexto donde el dinamismo del sector se ha desplazado geográficamente. Actualmente, más del 80 por ciento de la inversión inmobiliaria gestionada por los socios de la ADI se concentra fuera de la Ciudad de México. Entidades como Quintana Roo, Nuevo León y Jalisco se han convertido en polos de atracción, reflejando nuevas oportunidades y demandas del mercado. Sin embargo, este crecimiento descentralizado también expone las disparidades regulatorias entre estados y municipios, creando un panorama complejo que puede frenar el potencial de desarrollo regional si no se atienden las necesidades de certeza y agilidad administrativa.

El impacto de esta situación trasciende los balances de las empresas. El sector inmobiliario es un termómetro y motor de la economía mexicana, con una profunda influencia en la creación de empleos directos e indirectos en la construcción, la manufactura de materiales y los servicios financieros. Una contracción en la inversión inmobiliaria significaría un golpe a estas cadenas productivas y una menor oferta de vivienda, oficinas y naves industriales, elementos esenciales para absorber fenómenos como el nearshoring y satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. La correcta gestión de permisos y planeación urbana son, por tanto, asuntos de interés público que afectan la competitividad del país en su conjunto. La discusión sobre los marcos regulatorios define la capacidad de México para capitalizar oportunidades económicas globales, traduciéndose directamente en empleos, vivienda y desarrollo ordenado de las ciudades.