Impuesto a refrescos: piden alza de 7 pesos
La propuesta busca elevar el impuesto a refrescos, no solo para recaudar, sino como una herramienta de salud.
Una nueva propuesta busca modificar el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas en México, sugiriendo un notable incremento de hasta 7 pesos por litro. La iniciativa, impulsada por la Alianza por la Salud Alimentaria, argumenta que el gravamen actual del IEPS ha perdido efectividad debido a la inflación y necesita una actualización para cumplir sus objetivos de salud pública. La medida no solo pretende desincentivar el consumo de productos ligados a la epidemia de obesidad y diabetes que enfrenta el país, sino también redefinir el propósito del tributo.
El planteamiento central es que este ajuste fiscal debe trascender la simple recaudación de fondos para la Secretaría de Hacienda. Las organizaciones lo enmarcan como una herramienta de justicia social y ambiental, sosteniendo que los costos sanitarios derivados del consumo excesivo de azúcar son asumidos por todo el sistema de salud, afectando a las comunidades con menos recursos. Por ello, un impuesto a refrescos más robusto podría generar ingresos etiquetados para financiar programas de prevención y acceso a agua potable en las zonas más vulnerables.
Desde una perspectiva ambiental, la propuesta también señala el impacto de la industria en el uso de recursos hídricos y la generación de residuos plásticos. Al ajustar el costo final, se busca que el precio refleje las externalidades negativas que su producción impone sobre la sociedad. El debate se centra así en el bienestar colectivo y la sostenibilidad, evaluando cómo las políticas fiscales pueden influir positivamente en la salud.
Este debate sobre el aumento impositivo a las bebidas azucaradas llega en un momento clave para las finanzas públicas y la salud nacional. Para el ciudadano, el impacto directo se vería en el precio de los productos, pero la discusión de fondo radica en si una política fiscal más agresiva puede realmente modelar hábitos de consumo y aliviar la presión sobre el sistema de salud, convirtiendo un simple impuesto en una inversión a futuro para el bienestar de México.