Impuesto a refrescos: Chiapas, el más afectado

El impuesto a refrescos, propuesto en el Presupuesto 2026, ha puesto el foco sobre una realidad alarmante en Chiapas, que se perfila como la entidad más afectada por esta medida fiscal. Aunque el objetivo del gravamen, conocido como Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es desincentivar el consumo de bebidas azucaradas para combatir la obesidad y la diabetes, su impacto no es uniforme en todo el territorio nacional. En México, el consumo promedio anual alcanza los 166 litros por persona, una de las cifras más altas del mundo, pero en comunidades chiapanecas esta estadística se dispara de manera dramática. La razón principal no es solo una preferencia cultural, sino una consecuencia directa de la falta de acceso a agua potable segura. En muchas localidades del estado, resulta más fácil y económico adquirir un refresco que conseguir agua purificada, convirtiendo a estas bebidas en un producto de primera necesidad y no en un lujo ocasional. Esta dependencia forzada crea un escenario complejo donde la política de salud pública choca con una grave carencia de infraestructura básica, afectando desproporcionadamente a las familias con menores ingresos.

El análisis de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la recaudación esperada revela que el mayor peso del impuesto a refrescos recaerá sobre los hogares chiapanecos. Para estas familias, el gasto en bebidas azucaradas representa una porción significativa de su ingreso disponible, por lo que cualquier incremento en el precio final tiene un efecto directo en su economía. La medida, si bien busca generar ingresos para el sistema de salud, también podría profundizar la vulnerabilidad económica de una población que ya enfrenta enormes desafíos. Expertos en economía y desarrollo social señalan que, sin una estrategia integral que garantice el acceso universal al agua potable, el impuesto podría ser percibido como una medida regresiva. En lugar de modificar hábitos de consumo, podría simplemente encarecer la única opción de hidratación viable para miles de personas, evidenciando las profundas desigualdades regionales que persisten en México y la necesidad de políticas públicas que atiendan las causas estructurales de los problemas de salud.

Este debate sobre el impuesto a los refrescos en Chiapas trasciende una simple discusión fiscal. Refleja la urgencia de abordar la desigualdad estructural en México, donde el acceso a un derecho tan básico como el agua potable sigue siendo un privilegio. Para el ciudadano, esta noticia es un recordatorio de cómo las políticas nacionales, diseñadas con una intención general, pueden tener consecuencias imprevistas y profundas en las comunidades más vulnerables del país, impactando directamente su salud y su bolsillo.