IFT se extingue: ¿quién defiende al usuario?
Con la desaparición del IFT, millones quedan sin un organismo para presentar quejas de telefonía e internet.
La extinción del IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) representa un antes y un después para el sector de las telecomunicaciones en México, generando una profunda incertidumbre tanto para usuarios como para las empresas del ramo. Este organismo autónomo, creado como parte de las reformas estructurales, era el árbitro encargado de regular un mercado vital para la economía nacional, velando por la competencia equitativa y, fundamentalmente, protegiendo los derechos de los consumidores frente a los proveedores de servicios de telefonía, internet y televisión de paga. Su desaparición, impulsada dentro de un paquete de reformas administrativas, elimina una pieza clave que garantizaba el equilibrio en un sector dominado por grandes corporaciones, dejando a millones de mexicanos sin su principal defensor institucional.
El impacto más directo para el ciudadano común es la pérdida de una vía clara, eficaz y especializada para resolver disputas. Anteriormente, ante cobros indebidos, fallas en el servicio o publicidad engañosa por parte de un operador, los usuarios podían acudir a la plataforma "Soy Usuario" del IFT para levantar una queja formal que obligaba a las empresas a responder. Sin este mecanismo, los consumidores quedan en una posición de vulnerabilidad, obligados a navegar los a menudo laberínticos procesos de atención a clientes de las propias compañías o a recurrir a instancias como la Profeco, que podrían no tener la especialización técnica para mediar en conflictos de esta naturaleza.
Por otro lado, el panorama para los concesionarios también se enturbia. El IFT no solo gestionaba las quejas, sino que era responsable de administrar el espectro radioeléctrico, otorgar concesiones y establecer las reglas para prevenir prácticas monopólicas. La ausencia de un regulador técnico e independiente genera un vacío legal que podría frenar inversiones cruciales en infraestructura, como el despliegue de redes 5G, y distorsionar la competencia. Esta falta de certeza regulatoria podría consolidar el poder de los actores dominantes y limitar la innovación y la oferta de mejores servicios a precios más competitivos. La disolución del IFT es, por tanto, un cambio fundamental que pone en duda la certeza regulatoria, un pilar para la inversión tecnológica y la competitividad.