Grupo Salinas eleva disputa fiscal a cortes
Tras fallo de la SCJN, Grupo Salinas acusa cobros dobles y lleva su defensa a tribunales internacionales.
Grupo Salinas ha anunciado que escalará su prolongada disputa fiscal a instancias internacionales, una medida que redefine su enfrentamiento con el Estado mexicano. La decisión surge como respuesta a fallos adversos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que, según el conglomerado, validan prácticas de cobro doble por parte de las autoridades hacendarias. Este movimiento no solo intensifica el conflicto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sino que abre un nuevo frente legal fuera de las fronteras, cuestionando las garantías del sistema judicial nacional. La compañía de Ricardo Salinas Pliego argumenta que las resoluciones sientan un precedente negativo para la certeza jurídica en el país, afectando el clima de negocios general al enviar una señal de alerta a las empresas sobre la aplicación de la ley.
El trasfondo de esta confrontación radica en créditos fiscales multimillonarios que el SAT ha fincado contra empresas de Grupo Salinas durante años. Estos adeudos llegaron a la máxima instancia judicial, donde el grupo esperaba una resolución a su favor, pero las sentencias validaron los cobros que consideran indebidos. Al calificar las acciones del fisco como "abusivas", la compañía busca amparo en tribunales de arbitraje internacionales, argumentando que se vulneran tratados comerciales y derechos fundamentales. Esta estrategia legal pretende demostrar que el sistema fiscal mexicano, interpretado por los tribunales, resulta confiscatorio y contrario a la equidad tributaria, una postura que será analizada con lupa por la comunidad financiera global. La decisión de globalizar el caso podría tener profundas repercusiones, pues representa un desafío a la soberanía judicial de México y pone bajo escrutinio la actuación de sus instituciones.
Este conflicto trasciende la disputa entre una empresa y el fisco; se convierte en un termómetro de la confianza en las instituciones mexicanas. El resultado podría redefinir el equilibrio de poder entre los grandes contribuyentes y el Estado, impactando la percepción de justicia fiscal y la capacidad del gobierno para recaudar impuestos que financian servicios públicos. La postura de Grupo Salinas refleja una notable desconfianza en los mecanismos internos y apuesta por un arbitraje que considera neutral, un paso que podría sentar un precedente para la resolución de futuras controversias fiscales de alto perfil en México.