Gobierno rastreará el combustible en México

El control del combustible en México se intensifica con una nueva estrategia gubernamental. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la formación de un grupo interinstitucional dedicado a rastrear en tiempo real cada litro de gasolina y diésel, desde su importación hasta su venta final al consumidor. Esta medida busca combatir frontalmente el mercado ilícito de hidrocarburos, un desafío persistente que ha drenado recursos públicos y afectado la seguridad nacional durante años. La iniciativa coordinará los esfuerzos de múltiples secretarías para establecer un sistema de vigilancia integral sobre la cadena de suministro. El objetivo es claro: eliminar las fugas y el comercio ilegal que han distorsionado el sector energético, asegurando una trazabilidad completa que garantice la legalidad de cada operación y fortalezca la recaudación fiscal asociada a este vital recurso económico para el país.

Este esfuerzo representa una evolución en la lucha contra el robo de combustible, un fenómeno que va más allá del simple hurto y se ha convertido en una compleja red de crimen organizado. Al integrar a dependencias clave como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y la Guardia Nacional, el gobierno podrá cruzar datos de importación, transporte y facturación para detectar anomalías al instante. La implementación de tecnología de seguimiento en tiempo real es fundamental en esta nueva fase, ya que permite a las autoridades actuar con mayor agilidad ante cualquier discrepancia en los volúmenes reportados. Se espera que este blindaje digital y operativo no solo desmantele redes criminales, sino que también genere un entorno de competencia más justo para las estaciones de servicio que operan dentro de la ley, evitando que el combustible robado llegue a los consumidores y afecte la calidad y el precio justo.

La relevancia de esta política trasciende el ámbito financiero del gobierno. Para el ciudadano, un mercado de combustibles más transparente y legal se traduce en mayor seguridad en las infraestructuras energéticas del país y una garantía sobre la calidad del producto que carga en su vehículo. Además, al asegurar que los impuestos correspondientes lleguen a las arcas públicas, se fortalece la capacidad del Estado para invertir en programas sociales, infraestructura y servicios esenciales. Esta ofensiva contra el comercio ilegal es, en última instancia, una apuesta por la estabilidad económica y el estado de derecho, cuyos beneficios repercuten directamente en el bienestar de la población.