Gobierno prohíbe 35 plaguicidas peligrosos
La medida busca proteger la salud, pero la prohibición de plaguicidas plantea un reto a los costos agrícolas.
La prohibición de 35 plaguicidas en México, anunciada por el gobierno federal, marca un punto de inflexión para el sector agrícola. La decisión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, responde a la evidencia sobre los riesgos de estas sustancias para la salud y los ecosistemas. Las moléculas vetadas, catalogadas como altamente peligrosas, han sido criticadas por su vínculo con enfermedades y daños ambientales, como la contaminación de acuíferos. Esta medida alinea a México con una tendencia global hacia la agricultura sostenible, pero abre interrogantes sobre su implementación.
El impacto económico es una preocupación central. Estos agroquímicos eran comunes por su eficacia y bajo costo para proteger cosechas clave como el maíz, aguacate y tomate. La transición hacia alternativas menos tóxicas, como los bioinsumos, podría implicar un aumento en los costos de producción a corto plazo. La Secretaría de Agricultura (SADER) enfrenta el reto de ofrecer capacitación y apoyo financiero para facilitar esta adaptación, evitando que la carga recaiga solo sobre pequeños y medianos productores. Un ajuste en los costos podría reflejarse en los precios de los alimentos que llegan al consumidor final.
El gobierno argumenta que los beneficios a largo plazo superan estos desafíos. Esta prohibición no es solo una regulación agrícola; es una señal del rumbo del país en salud pública y comercio exterior. Para el ciudadano, representa la promesa de alimentos más seguros, aunque podría enfrentar variaciones en precios. Para la economía, es un movimiento estratégico que, si se gestiona con apoyo al campo, puede consolidar a México como un proveedor confiable y responsable en el escenario global. La fiscalización por parte de COFEPRIS y SEMARNAT será crucial para evitar un mercado negro y asegurar el éxito de la medida.