Familia Michoacana: su control económico en Edomex

El Operativo ‘Liberación’ ha puesto al descubierto una realidad que asfixiaba la vida diaria de miles de mexiquenses: la Familia Michoacana ejercía un control económico absoluto sobre 14 municipios del Estado de México. Esta organización criminal no se limitaba a la violencia esporádica; había construido un sistema de gobierno paralelo basado en la extorsión, dictando las reglas del mercado y afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos. Desde el precio del pollo, el huevo o el jitomate, hasta los materiales para la construcción, nada escapaba a su influencia. Los comerciantes y productores eran obligados a pagar cuotas para poder operar, un "impuesto" ilegal que inflaba los costos para el consumidor final.

Este dominio se extendía a lo largo de toda la cadena de suministro. La Familia Michoacana decidía quién podía vender, a qué precio y en qué territorio, eliminando cualquier rastro de libre competencia. Las empresas, desde pequeños negocios familiares hasta distribuidoras de mayor tamaño, se encontraban atrapadas en una red de intimidación. Negarse a cooperar significaba arriesgar no solo el patrimonio, sino la propia vida, paralizando la inversión y el crecimiento económico en una de las regiones más pobladas del país. El operativo no solo representa un golpe a la estructura financiera del cártel, sino el primer paso para desmantelar un sistema que había suplantado al Estado en sus funciones económicas más básicas, creando una economía cautiva.

La intervención de las fuerzas federales y estatales busca restaurar las condiciones mínimas de seguridad para que la actividad económica pueda florecer nuevamente. La desarticulación de esta red de extorsión es fundamental para la estabilidad de la región, ya que el control criminal de los precios de productos básicos genera una inflación artificial que golpea con mayor dureza a las familias de menores ingresos. La recuperación de estos territorios es una señal de que el combate a la delincuencia también es una lucha por la soberanía económica y el bienestar de la población, permitiendo que el mercado, y no el miedo, vuelva a dictar los precios. El éxito de esta estrategia será clave para devolver la confianza a los ciudadanos y reactivar el desarrollo local.