Extorsión: el crimen que frena a México

La extorsión en México ha dejado de ser una nota roja aislada para convertirse en un cáncer que metastatiza en el tejido económico y social del país. Este delito, que opera a menudo bajo la sombra del miedo y la desconfianza, se manifiesta principalmente a través del "cobro de piso", una práctica que somete a comerciantes, empresarios y ciudadanos a un impuesto ilegal impuesto por el crimen organizado. Lo que antes se percibía como un flagelo confinado a ciertas regiones, hoy se ha diseminado por todo el territorio nacional, afectando desde el pequeño puesto de mercado hasta corporativos, sin distinción de giro o tamaño. La falta de denuncia, motivada por el temor a represalias y la percepción de impunidad, convierte a este crimen en un monstruo silencioso cuyas verdaderas dimensiones son difíciles de cuantificar, pero cuyos efectos son devastadores y palpables en la economía cotidiana.

El impacto económico va más allá de la pérdida directa de capital para las víctimas. La extorsión funciona como un freno de mano para el desarrollo: inhibe la inversión, desalienta la creación de nuevas empresas y encarece productos y servicios, ya que muchos negocios se ven forzados a trasladar el costo de la "cuota" al consumidor final, generando una presión inflacionaria silenciosa. Organizaciones como la COPARMEX han advertido que este delito no solo reduce la competitividad, sino que también provoca el cierre de negocios y la pérdida de empleos formales. Esto crea un círculo vicioso donde la falta de oportunidades económicas puede, a su vez, alimentar las filas de la delincuencia, perpetuando el ciclo de violencia y estancamiento.

Finalmente, el avance de la extorsión erosiona el pilar fundamental de cualquier sociedad próspera: el Estado de derecho. Cuando los ciudadanos sienten que las autoridades no pueden protegerlos, la confianza en las instituciones se desploma y se normaliza la ilegalidad. Este fenómeno no solo afecta gravemente el clima de negocios, sino que fractura la cohesión social y degrada la calidad de vida. Combatir la extorsión requiere más que operativos policiales; exige una estrategia integral que incluya inteligencia financiera para cortar los flujos de dinero ilícito, fortalecimiento de las fiscalías para garantizar justicia y, sobre todo, reconstruir la confianza ciudadana para fomentar una cultura de la denuncia que saque a este crimen de las sombras.