Empresarios exigen certeza jurídica para México
El CCE advierte que sin certeza jurídica, la confianza de inversionistas y el potencial del nearshoring peligran.
La certeza jurídica se ha convertido en la demanda principal del sector empresarial mexicano hacia el gobierno, un pilar fundamental para proteger y fomentar la inversión en el país. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha subrayado que, para que México capitalice plenamente su potencial como un centro global de inversiones, es indispensable que existan reglas claras y estables. Esta petición no es un asunto menor; se trata de la base sobre la que se construye la confianza de quienes arriesgan su capital para generar empleos y desarrollo. Sin un marco legal predecible, los proyectos a largo plazo se vuelven inviables y la oportunidad histórica del nearshoring, que busca relocalizar cadenas de suministro cerca de Estados Unidos, podría desvanecerse.
El llamado de los empresarios resuena en un momento clave para la economía nacional. La confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, es un activo volátil que depende directamente de la percepción de estabilidad. Cuando las leyes o su interpretación cambian de manera abrupta, se genera una incertidumbre que paraliza las decisiones de inversión. Esto no solo afecta a las grandes corporaciones, sino que genera un efecto dominó que llega hasta las pequeñas y medianas empresas que forman parte de las cadenas de valor. La previsibilidad regulatoria, el respeto a los contratos y un sistema de justicia independiente son los componentes esenciales que el sector productivo reclama para poder planificar a futuro y competir en el escenario internacional.
En última instancia, la falta de seguridad en el ámbito legal se traduce en costos económicos tangibles para todos. Una menor inversión significa menos empleos formales, una desaceleración en el crecimiento y una mayor presión sobre las finanzas públicas. Por ello, el diálogo entre el gobierno y el sector privado se vuelve crucial para alinear visiones y establecer un compromiso con la estabilidad que beneficie al país en su conjunto, asegurando que México no solo atraiga capital, sino que también logre retenerlo. Este debate sobre la estabilidad jurídica es crucial hoy porque define el rumbo económico de México para la próxima década. La capacidad del país para consolidarse como una potencia manufacturera y logística depende directamente de la confianza que proyecte al mundo. Para el ciudadano, esto se traduce en la calidad y cantidad de empleos disponibles, la fortaleza del peso y, en definitiva, en la estabilidad económica de su propio bolsillo.