El negocio mortal de la nicotina en México

La industria tabacalera ha iniciado una de sus transformaciones más audaces, un movimiento estratégico diseñado para perpetuar su altamente rentable modelo de negocio a través de la nicotina. Lejos de abandonar el mercado, las grandes corporaciones están reinventando la forma en que se consume esta sustancia, apostando por un futuro donde el cigarro tradicional es solo una pieza del pasado. Esta jugada no es una rendición ante las campañas de salud pública, sino una ofensiva comercial calculada para asegurar su relevancia y rentabilidad en las próximas décadas, presentando la adicción de siempre en un empaque tecnológico y moderno. La estrategia es clara: mantener el control sobre la dependencia a la nicotina, migrando a los consumidores actuales y captando a nuevas generaciones con productos presentados como alternativas “más seguras”.

El núcleo de esta campaña se basa en la introducción masiva de dispositivos como los vapeadores y los calentadores de tabaco. Promocionados bajo un discurso de "reducción de daños", estos productos buscan posicionarse como una opción menos perjudicial que el cigarrillo convencional. Sin embargo, esta narrativa oculta una realidad mucho más compleja: la normalización del consumo de nicotina entre los jóvenes y la creación de una nueva oleada de adictos. El diseño atractivo, la variedad de sabores y una mercadotecnia agresiva en canales digitales han demostrado ser herramientas efectivas para eludir las restricciones publicitarias del tabaco tradicional, construyendo un mercado completamente nuevo que se alimenta de la curiosidad y la desinformación del público general.

En México, la respuesta del gobierno ha sido contundente. Mediante decretos presidenciales y la vigilancia de la COFEPRIS, se ha impuesto una prohibición estricta a la importación y comercialización de estos nuevos dispositivos. Esta medida, si bien busca proteger la salud pública, ha generado un efecto secundario inevitable: el florecimiento de un vasto mercado negro. Este comercio ilícito opera al margen de cualquier control de calidad o fiscalización, privando al Estado de miles de millones de pesos en impuestos potenciales y dejando a los consumidores expuestos a productos de dudosa procedencia. La disyuntiva para el país es enorme: mantener una prohibición que alimenta la ilegalidad o explorar una regulación que, aunque controversial, podría generar ingresos y establecer controles sanitarios muy estrictos.