Aumento al IEPS: ¿Subirán refrescos y botanas?

El posible aumento al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) se perfila como una de las claves en la discusión del Paquete Económico 2026. Esta medida, que afectaría directamente a productos de consumo masivo como refrescos, bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, es analizada por la nueva administración como una vía para fortalecer las finanzas públicas y garantizar la continuidad de los programas sociales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enfrentará el desafío de equilibrar la necesidad de recaudación con el impacto que un ajuste fiscal de esta naturaleza podría tener en el bolsillo de millones de mexicanos, quienes verían un incremento en el costo de productos de consumo cotidiano. La discusión no es menor, pues toca dos fibras sensibles: la salud fiscal del país y la economía familiar.

Este impuesto no es nuevo, pero su ajuste se ha convertido en una herramienta recurrente tanto para desincentivar el consumo de productos considerados nocivos para la salud como para obtener ingresos adicionales sin necesidad de una reforma fiscal profunda. Analistas económicos señalan que la decisión de incrementar el IEPS respondería a la creciente presión sobre el gasto público, derivado de los compromisos sociales adquiridos. El debate se centra en la magnitud del alza y en si esta será suficiente para cubrir las necesidades presupuestarias sin generar un efecto inflacionario adverso. Para el consumidor, el resultado es directo: un mayor precio en la tiendita de la esquina, en el supermercado y en cualquier establecimiento que comercialice estos productos, lo que obliga a recalcular los gastos diarios.

El Paquete Económico 2026 será el primero en ser diseñado en su totalidad por el nuevo gobierno, marcando la pauta de su política fiscal para los próximos años. La decisión sobre el IEPS a botanas y refrescos será un claro indicador de sus prioridades. Mientras que para el gobierno representa una fuente de ingresos predecible y relativamente sencilla de administrar, para el sector empresarial podría significar una contracción en la demanda y la necesidad de ajustar sus estrategias de precios. La medida también se inscribe en un contexto global donde los impuestos a productos poco saludables ganan terreno como políticas públicas. En México, la recaudación obtenida sería fundamental para sostener proyectos de infraestructura y programas de bienestar, cerrando el ciclo entre la política fiscal y su impacto social. Este ajuste fiscal pone sobre la mesa una disyuntiva clave: ¿cómo financiar el bienestar social sin presionar la economía de los ciudadanos? Para el mexicano de a pie, entender esta dinámica es crucial para anticipar cómo las grandes decisiones se traducirán en cambios en su poder adquisitivo.