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Aumenta recaudación fiscal con tácticas dudosas
Expertos señalan que la demora en devoluciones es una estrategia de recaudación fiscal al margen de la ley.
Francisco Muciño
La recaudación fiscal en México ha mostrado un notable incremento, pero especialistas advierten sobre las estrategias que estarían utilizando las autoridades para lograr estas cifras. Según abogados fiscalistas, una de las prácticas más preocupantes, que se ha intensificado en los últimos años, es la demora o negativa sistemática en la devolución de saldos a favor, una táctica que opera al margen de la ley para engrosar las arcas públicas. Esta medida afecta directamente la liquidez de los contribuyentes, tanto personas físicas como empresas, quienes ven retenidos recursos que legalmente les corresponden por conceptos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto Sobre la Renta (ISR). El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la entidad en el centro de esta controversia. Aunque el retraso en las devoluciones no es un fenómeno nuevo, su uso se ha vuelto más recurrente como un mecanismo de control y presión. Al retener estos fondos, el gobierno no solo mejora sus estadísticas de ingresos de manera artificial, sino que también obliga a los contribuyentes a iniciar costosos y largos procesos de defensa legal para recuperar su dinero. Esta situación genera una profunda incertidumbre jurídica y erosiona la confianza en las instituciones fiscales, creando un ambiente de desventaja para quienes cumplen puntualmente con sus obligaciones. Para las empresas, la falta de estos flujos de efectivo puede comprometer su operatividad, limitando su capacidad de inversión, pago a proveedores o el cumplimiento de la nómina. Expertos señalan que, si bien el objetivo de fortalecer las finanzas públicas es legítimo, los métodos empleados no deben contravenir los derechos del contribuyente. La efectividad de la recaudación fiscal no debería medirse por los montos ingresados, sino por la legalidad y eficiencia de sus procesos, garantizando un equilibrio justo que no afecte la economía de los ciudadanos y las empresas.