Aprueban reforma contra la extorsión en México

La Cámara de Diputados ha dado un paso decisivo al aprobar la reforma contra la extorsión, una medida que busca combatir el llamado “impuesto del crimen”. Con un respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, el dictamen responde a la pesadilla que viven diariamente miles de comerciantes y ciudadanos en México. Este consenso legislativo subraya la gravedad de un delito que ha permeado la economía nacional, sofocando el crecimiento. La extorsión, conocida como “cobro de piso”, ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en un sistema de recaudación informal que frena la inversión y pone en jaque la viabilidad de negocios, desde pequeñas tiendas hasta empresas consolidadas.

El impacto de este fenómeno va más allá de la seguridad; tiene consecuencias económicas directas que afectan el bolsillo de todos los mexicanos. Cuando un negocio es forzado a pagar una cuota ilegal, este costo a menudo se traslada al consumidor final a través de precios más altos en productos y servicios básicos. De esta forma, el “impuesto del crimen” alimenta la inflación y reduce el poder adquisitivo de las familias. La nueva legislación pretende romper este ciclo, fortaleciendo el marco legal para perseguir y castigar a los extorsionadores con mayor severidad. El objetivo es devolver la tranquilidad a quienes generan empleos, garantizando que el único tributo que paguen sea el establecido por la ley y no por la delincuencia.

La implementación de esta reforma representará un desafío para las autoridades. Requerirá una coordinación efectiva entre fiscalías, policías y el poder judicial para que las denuncias se traduzcan en sentencias y se desmantelen las redes criminales. Para el empresario, esta ley representa una nueva herramienta y una señal de esperanza. Fomentar la cultura de la denuncia será clave, y para ello es fundamental que las víctimas se sientan protegidas por un sistema de justicia que ahora cuenta con bases más sólidas para actuar. El éxito de esta medida se medirá en la confianza recuperada por la sociedad para trabajar y prosperar en un ambiente de legalidad.

Esta reforma no es solo un ajuste legal; es una respuesta directa a una de las amenazas más serias para la economía popular y la estabilidad social en México. Para el ciudadano común, su éxito podría significar desde precios más justos en el mercado local hasta una mayor seguridad en su comunidad. Representa un intento crucial por recuperar el control del territorio económico, asegurando que el motor del país —sus pequeños y medianos empresarios— pueda operar sin el miedo constante a la delincuencia, lo cual es fundamental para el desarrollo sostenible.