Apps de reparto: impuesto del 2% ya es oficial

El nuevo impuesto a las apps de reparto del 2% en la Ciudad de México ya es una realidad fiscal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado la constitucionalidad de este cobro, integrado en el Código Fiscal de la capital desde 2022. Esta medida, definida como un "aprovechamiento" por el uso de la infraestructura, obliga a las plataformas digitales de intermediación a pagar una contribución por cada servicio de entrega que se concreta en la metrópoli. La decisión del máximo tribunal desestimó los amparos promovidos por gigantes como Uber, Rappi y Didi, quienes alegaban un trato inequitativo. Con este fallo, se sienta un precedente clave para la regulación de la economía digital en México, reconociendo que las ganancias de estas empresas dependen del uso de bienes públicos, como calles y avenidas, lo que justifica una contraprestación para su mantenimiento.

El argumento central de la Segunda Sala de la SCJN se fundamenta en un principio de equidad. Las plataformas, si bien digitales, generan una actividad económica tangible que ocurre en el espacio público. A diferencia de un negocio tradicional que paga impuestos como el predial, estas apps no contribuían directamente a la conservación de la infraestructura vital para su modelo operativo. Los ministros consideraron que el cobro no es un impuesto sobre los ingresos, sino una cuota justa por la "explotación" de un bien perteneciente a todos los capitalinos. Esta perspectiva busca nivelar las condiciones entre los comercios tradicionales y los nuevos modelos de la economía gig, asegurando que todos los actores que se benefician de la ciudad aporten a su sostenimiento y desarrollo urbano de manera proporcional a su impacto.

Por su parte, las empresas de reparto han manifestado su inconformidad desde la propuesta inicial. Argumentaron que el impuesto a las apps de reparto era discriminatorio al enfocarse únicamente en su sector y no en otras industrias digitales que también se benefician de la infraestructura. Sostenían que la medida creaba una barrera a la innovación y afectaba su competitividad en un mercado dinámico. Además, advirtieron que este costo adicional impactaría a todo el ecosistema: repartidores, restaurantes asociados y, en última instancia, los propios consumidores. A pesar de que sus recursos legales fueron desestimados, las compañías mantienen su preocupación sobre el efecto que la contribución tendrá en las tarifas de envío y las comisiones, abriendo el debate sobre quién absorberá finalmente este nuevo gravamen. Esta decisión de la Suprema Corte no es un hecho aislado; marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y la economía digital en México. El fallo abre la puerta a que otras entidades federativas repliquen modelos fiscales similares, buscando que las plataformas digitales contribuyan de forma más directa a las economías locales. Para el consumidor, esto significa estar atento a posibles ajustes en las tarifas de los servicios de entrega, ya que es probable que este nuevo costo se traslade, al menos parcialmente, al precio final. Más allá del bolsillo, la noticia refleja una tendencia global: la era de la autorregulación para las grandes tecnológicas está llegando a su fin, dando paso a un nuevo marco de responsabilidades compartidas.