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Acusan a diputados de competencia desleal
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Acusan a diputados de competencia desleal

Legisladores venden productos a bajo costo, desatando acusaciones de competencia desleal y ahogando al pequeño comercio.

blanca.betan

La competencia desleal se ha convertido en el centro de un acalorado conflicto en la Ciudad de México, donde cerca de 400 comerciantes organizados han alzado la voz contra diputados locales. La acusación es directa y contundente: los legisladores están utilizando recursos para vender legumbres y otros productos a precios artificialmente bajos en diversas colonias, una práctica que, según los afectados, está destruyendo la economía de los mercados y tianguis tradicionales. Esta situación pone sobre la mesa un debate crucial sobre los límites entre el asistencialismo político y la protección de las economías locales que dan sustento a miles de familias capitalinas. El Movimiento Plural de Comerciantes de la CDMX, que se manifestó a las afueras del congreso, argumenta que no pueden competir contra programas que, bajo la bandera de ayuda social, en realidad operan sin los costos fijos que ellos sí enfrentan diariamente, como el pago de permisos, almacenamiento y transporte.

El problema trasciende una simple disputa por clientes; se trata de una distorsión del mercado que amenaza la supervivencia del pequeño comercio. Mientras que los programas de los diputados son intermitentes y con fines presuntamente electorales, los comerciantes formales representan un pilar estable de la economía barrial. Ellos no solo garantizan el abasto constante de productos, sino que también generan empleos y dinamizan el flujo de dinero en sus comunidades. La queja principal radica en que estas ventas a bajo costo no son sostenibles ni reflejan la realidad del mercado, sino que crean una ilusión de precios que desincentiva la compra en establecimientos establecidos, quienes dependen de un margen de ganancia justo para operar y reinvertir.

Esta controversia expone una falla en la regulación de los programas sociales y su ejecución. Instituciones como la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de la CDMX tienen el mandato de fomentar un entorno comercial equilibrado, pero la intervención directa de actores políticos complica el panorama. Los comerciantes no se oponen a que se apoye a la población vulnerable, pero exigen que estos apoyos se canalicen a través de mecanismos que no canibalicen a los negocios locales, como podrían ser los vales de despensa canjeables en sus propios locales. La protesta actual es un llamado a establecer reglas claras que impidan que la ayuda social se transforme en una herramienta de competencia desleal, garantizando un piso parejo para todos los actores económicos y protegiendo el vital tejido comercial que es esencial para la resiliencia de la ciudad.

Este conflicto es un reflejo de una tensión creciente en México sobre cómo deben operar los programas de asistencia social sin perjudicar a los pequeños y medianos empresarios, que constituyen la base de la economía nacional. La resolución de esta disputa en la Ciudad de México podría sentar un precedente importante sobre los límites de la acción política en el mercado. Para el ciudadano, el resultado impactará no solo en el futuro de los tianguis y mercados locales que forman parte de su día a día, sino también en la transparencia y equidad de las políticas públicas que definen el entorno económico del país.

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Fuente: Excelsior.com.mx

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